El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha anunciado que ninguna persona inquilina de vivienda pública de la Generalitat, que haya perdido su trabajo o ingresos consecuencia de la crisis sanitaria y económica del coronavirus, va a perder su vivienda “porque va a ser bonificada, no se trata de una moratoria, sino que se les va a exonerar del pago del alquiler al cien por cien”.
El vicepresidente ha manifestado que “las personas afectadas verán bonificada la cuota de alquiler público mientras dure esta situación de extrema dificultad, de forma que pagar el alquiler no sea una preocupación, ni que estas personas tengan que decidir entre pagar el alquiler o atender otros gastos de primera necesidad”.
En la actualidad, el parque público de vivienda de la Generalitat está formado por 14.000 inmuebles, de los que 12.676 son para alquiler social, personas en riesgo de exclusión social, y 1.367 en régimen de alquiler asequible, es decir, destinadas a colectivos vulnerables, por lo que las medidas repercutirán en 14.000 familias, y según estimaciones de la Conselleria, ello supone beneficiar a más de 50.000 mil personas en toda la Comunitat.
La iniciativa se ampara en el marco del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda, ‑modificado por el Decreto 90/2009, de 26 de junio- por el que se daba luz verde al Reglamento de Vivienda de Protección Pública.
Bonificación extraordinaria y renovación de la ordinaria
Se trata de dos bonificaciones paralelas. Una de ellas, con carácter extraordinario, se refiere a una bonificación durante 3 meses del pago del alquiler de vivienda pública para familias en caso de pérdida definitiva de empleo o perdida temporal (ERTE) o de ingresos.
La otra, la ordinaria, será una prórroga de la bonificación del alquiler de vivienda pública a personas inquilinas que ya la tuvieran concedida en fecha 14 de marzo de 2020. En este caso, es una renovación de la aplicada con carácter anual para adecuar la cuota del alquiler a los ingresos de las familias más vulnerables.
La prórroga de la ordinaria tiene toda la justificación, según ha subrayado el director general de la Entidad Valenciana de la Vivienda y Suelo (EVha), Alberto Aznar, “en tanto esas personas a las que se les aplica son las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad de entre los inquilinos de vivienda pública”.
El EVha pondrá a disposición de las personas inquilinas y de los servicios sociales municipales, un formulario de solicitud que se acompañará de la documentación que acredite la pérdida de empleo y de ingresos. Será entregado de forma telemática y, en la medida de lo posible, se habilitará atención presencial para atender a aquellas personas que no dispongan de internet.
La resolución se aplicará a partir de la cuota de alquiler del mes de abril.
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