El Gobierno ha dado luz ver­de a un plan de cho­que por valor de 200.000 millo­nes de euros para hacer fren­te al impac­to eco­nó­mi­co y social de la pan­de­mia del Covid-19. Esta cifra repre­sen­ta el 20% del PIB y mayo­ri­ta­ria­men­te se eje­cu­ta­rá con fon­dos públi­cos. En con­cre­to, el Esta­do inyec­ta­rá direc­ta­men­te 117.000 millo­nes, que se com­ple­men­ta­rán con recur­sos pri­va­dos has­ta com­ple­tar la cifra total. Se tra­ta de la mayor movi­li­za­ción eco­nó­mi­ca impul­sa­do por el Esta­do en la his­to­ria recien­te.

El plan de cho­que tie­ne tres obje­ti­vos bási­cos. Por un lado, apor­tar liqui­dez a las empre­sas para que pue­dan hacer fren­te a sus pagos y deu­das en un con­tex­to de prác­ti­ca para­li­za­ción de la acti­vi­dad. Por otro lado, faci­li­tar los ajus­tes tem­po­ra­les de empleo que las empre­sas pue­dan nece­si­tar. Y por últi­mo, ayu­dar a las fami­lias más afec­ta­das por el impac­to de la cri­sis.

Para lograr el pri­me­ro de los obje­ti­vo, el Esta­do pre­vé poner en mar­cha una línea de ava­les públi­cos por valor de 100.000 millo­nes de euros. El Gobierno con­fía en que estos fon­dos, que se ges­tio­na­rán a tra­vés del Ins­ti­tu­to Ofi­cial de Cré­di­to, se com­ple­men­ten con recur­sos pro­ce­den­tes de los ban­cos que podrían osci­lar entre 50.000 y 100.000 millo­nes adi­cio­na­les. De este modo, las empre­sas podrían dis­po­ner de has­ta 200.000 millo­nes de euros para hacer fren­te a sus nece­si­da­des de liqui­dez.

Ade­más, el paque­te de medi­das pues­to en mar­cha quie­re evi­tar al máxi­mo que la cri­sis abier­ta pue­da aca­bar desem­bo­can­do en una olea­da de des­pi­dos. Para ello se ha fle­xi­bi­li­za­do la apli­ca­ción de expe­dien­te de regu­la­ción tem­po­ral de empleo (ERTE), una medi­da que venían recla­man­do empre­sa­rios y sin­di­ca­tos. Ade­más los tra­ba­ja­do­res afec­ta­dos por estos ERTE podrán cobrar el paro, sin con­su­mir sus dere­chos gene­ra­dos por pres­ta­ción. Así mis­mo, se ha pre­vis­to la exo­ne­ra­ción de las coti­za­cio­nes de las empre­sas del 75%, lle­gan­do al 100% en el caso de las pymes, siem­pre que se man­ten­gan las plan­ti­llas. Los autó­no­mos afec­ta­dos por la cri­sis del coro­na­vi­rus tam­bién esta­rán exen­tos de los pagos a la Segu­ri­dad Social.

Así mis­mo, el decre­to que en bre­ve se publi­ca­rá en el BOE, inclu­ye adap­ta­cio­nes de la jor­na­da labo­ral, que inclu­so pue­de lle­gar a reduc­cio­nes del 100%„ para aque­llos tra­ba­ja­do­res cuya pre­sen­cia sea nece­sa­ria, por razo­nes de edad, dis­ca­pa­ci­dad o depen­den­cia, para el cui­da­do de otra per­so­na.

Moratoria de hipotecas

Otra de las medi­das inclui­das en el paque­ta de fuer­te cala­do social, es la impo­si­ción a los ban­cos de una mora­to­ria en el pago de las hipo­te­cas para aque­llas fami­lias en espe­cial situa­ción de vul­ne­ra­bi­li­dad como con­se­cuen­cia de la cri­sis del coro­na­vi­rus. Así mis­mo tam­bién que­da prohi­bi­do cor­tar el sumi­nis­tro bási­co de luz, agua y tele­co­mu­ni­ca­cio­nes a las fami­lias vul­ne­ra­bles mien­tras se man­ten­ga la actual situa­ción. De este modo, se quie­ren evi­tar fenó­me­nos como los desahu­cios vivi­dos en la pasa­da cri­sis eco­nó­mi­ca. Ade­más, se pre­vé des­ti­nar 600 millo­nes de euros para la pres­ta­ción de ser­vi­cios bási­cos a comu­ni­da­des autó­no­mas y entes loca­les.

El paque­te, ade­más, inclu­ye una par­ti­da de 30 millo­nes de euros para la inves­ti­ga­ción de vacu­nas.