El Gobierno ha prohi­bi­do los desahu­cios has­ta seis meses des­pués de que sea levan­ta­do el esta­do de alar­ma, así como una serie de medi­das sobre el alqui­ler para aque­llos inqui­li­nos vul­ne­ra­bles a la cri­sis des­ata­da por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus. El Eje­cu­ti­vo esti­ma que unas 500.000 fami­liar pue­den ver­se bene­fi­cia­das por esta medi­das.

El obje­ti­vo es evi­tar situa­cio­nes como las vivi­das en la pasa­da cri­sis eco­nó­mi­ca en que miles de fami­liar ter­mi­na­ron per­dien­do las vivien­das don­de resi­dían. Para ello, ade­más de des­au­to­ri­zar cual­quier embar­go a per­so­nas que no ten­gan alter­na­ti­va de resi­den­cia, se ha decre­ta­do una pró­rro­ga de seis meses en los con­tra­tos de alqui­ler para evi­tar subi­das abu­si­vas de los pre­cios duran­te la cri­sis.

Así mis­mo, se habi­li­ta­rá una línea de micro­cré­di­tos a tipo cero de inte­rés, para aque­llas per­so­nas que no pue­dan hacer fren­te a sus obli­ga­cio­nes de alqui­ler. Estos micro­cré­di­tos se debe­rán devol­ver en el pla­zo de seis años, o 10 en los casos de espe­cial difi­cul­tad. Si tras la cri­sis los inqui­li­nos se man­tie­nen en situa­ción del vul­ne­ra­bi­li­dad el Esta­do se hará car­go de los alqui­le­res a tra­vés de una línea de ayu­das de has­ta 900 euros al mes y otros 200 para pago de sumi­nis­tros y man­te­ni­mien­to. Para afron­tar estos gas­tos se ha gene­ra­do una línea de ayu­das públi­cas de 700 millo­nes de euros.

Los bene­fi­cia­rios de estas ayu­das serán inqui­li­nos espe­cial­men­te vul­ne­ra­bles. En con­cre­to, podrán aco­ger­se a las mis­mas para­dos, tra­ba­ja­do­res afec­ta­dos por ERTEs o reduc­cio­nes de jor­na­da, así como autó­no­mos que hayan vis­to redu­ci­dos sus ingre­sos por el impac­to de la cri­sis del Covid-19.

Ade­más, las medi­das tam­bién tie­nen en cuen­ta las carac­te­rís­ti­cas de los pro­pie­ta­rios. En este sen­ti­do dis­tin­gue entre los peque­ños pro­pie­ta­rios y los gran­des pro­pie­ta­rios y fon­dos de inver­sión que tie­nen más de diez vivien­das en alqui­ler. Estos gran­des pro­pie­ta­rios debe­rán apli­car una mora­to­ria de cua­tro meses a los inqui­li­nos vul­ne­ra­bles. A par­tir de ese pla­zo, debe­rán rene­go­ciar con sus inqui­li­nos el pago de la deu­da. De no alcan­zar­se un acuer­do, estos gran­des pro­pie­ta­rios debe­rán asu­mir una qui­ta de la deu­da del 50% o bien rene­go­ciar su cobro en dos o tres años.