OCU solicita al Gobierno que garantice una estructura básica, que incluso podría ser pública, para los servicios bancarios esenciales en la España interior y rural, donde ya se concentra gran parte de la exclusión de todo tipo de servicios.
Hace unos días publicábamos en ValenciaCity.es la polémica que se había desatado en localidades como Barxeta o Llanera de Ranes ante el cierre de sus últimos cajeros, propiedad de Cajamar, que dejaba a estas localidades, tan solo, con un servicio de oficina móvil algunos días a la semana. Una problemática que limita, todavía más, los derechos y servicios básicos del mundo rural y que, al parecer, lejos de ir a menos parece que se va a incrementar en los próximos tiempos.
En esta línea, y como alerta OCU, la próxima fusión entre Unicaja y Liberbank acarreará más cierres de oficinas, sobre todo en el mundo rural, a pesar de que, con esta fusión serán el quinto mayor banco español.
OCU critica que “aunque la fusión aumenta la solvencia de ambas entidades y puede tener efectos positivos para sus clientes y depositantes, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de una probable reducción de la competencia, ya amenazada por la reciente fusión de CaixaBank con Bankia, así como de un nuevo cierre de oficinas bancarias, especialmente en el ámbito rural”.
En diez años las oficinas bancarias se han reducido un 40% en España

En los últimos diez años el número total de oficinas se ha reducido al menos en un 40%. Una circunstancia que perjudica especialmente a la España rural, donde abunda un usuario bancario más vulnerable y con menos acceso a la digitalización; y donde el nuevo banco tiene buena parte de sus sucursales.
Además, OCU advierte de los efectos negativos que puede tener esta nueva concentración de entidades en la competencia de los servicios financieros. A la más que probable subida del precio de los servicios financieros se suman las dificultades para trasladar las cuentas de una entidad a otra, tal y como OCU viene denunciando.
En definitiva, OCU solicita al Gobierno que garantice una estructura básica viable para servicios bancarios esenciales en la España interior y rural, donde ya se concentra gran parte de la exclusión de todo tipo de servicios. De hecho, OCU considera que el Estado debe valorar el servicio bancario físico como “servicio básico y universal” de modo que se garantice que llega a toda la población, igual que las telecomunicaciones o el servicio de correos.
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